“NECESIDAD DE ESTABLECER UN TÉRMINO A LOS DIVERSOS ACREEDORES PARA QUE INTERVENGAN EN EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE UN JUICIO CIVIL”

La interacción de las personas en sociedad produce en ocasiones fricciones y por tanto se crean conflictos, los que no pueden ser resueltos entre ellos, ya que cada quien cree tener la razón, y consecuentemente se requiere de la intervención de un órgano independiente, que actúe de manera imparcial, y resuelva respecto de la contradicción surgida, obligando a que se cumpla lo resuelto por él, ello con la finalidad de gozar de una convivencia armoniosa sin conflictos dentro de la sociedad. Al surgir dichos conflictos entre los individuos, como particulares, es decir sin ostentar grado alguno de supraordinación, sino encontrándose en un nivel de igualdad, estamos entonces en presencia de controversias de carácter civil. Esto se ha venido desarrollando a lo largo de la historia, dentro de los diferentes sistemas jurídicos que se han dado en las diversas formas de organización de la sociedad. El hecho de solucionar los conflictos que se dan en una sociedad a través del fallo de un órgano jurisdiccional, estableciendo previamente una relación jurídica compleja, surge cuando tuvo lugar la abolición del régimen de la autodefensa, ya que antiguamente, en las organizaciones sociales de épocas primitivas, la tutela del derecho lesionado, correspondía a los particulares, no así a un órgano público independiente, es decir que las personas lesionadas en sus derechos, únicamente tenían como medio de defensa su propia fuerza física, tomando así justicia por su propia mano. Por tanto en suplencia de dicho medio de autodefensa, en el que imperaba la fuerza bruta, aparece una función desarrollada por ciertos órganos del Estado, relativa a la protección de los particulares lesionados en sus derechos, que tiende a estudiar de manera objetiva las facultades que los particulares que intervienen en la controversia se atribuyen, para que en caso de que estas sean válidas se hagan efectivas